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FGR sobre avisos por evasión de impuestos: "Hacienda no termina procesos administrativos hasta en el 70% de los casos"



La Fiscalía General de la República (FGR) rindió un informe de labores al cumplirse dos años de la gestión del fiscal Raúl Melara y ahí el Ministerio Público se quejó que los avisos por supuesta evasión de impuestos que presenta el Ministerio de Hacienda no se pueden judicializar porque este no agota el procedimiento administrativo que establece el Código Penal.

Desde hace algunos meses, el ministro de Hacienda, junto con otros funcionarios de esa cartera de Estado, llegan a la Fiscalía a dejar avisos por supuesta evasión y exige al Ministerio Público que avance en ellos, puesto que hasta la semana pasada ya llevan 75 interpuestos.

Sin embargo, este martes en conferencia de prensa, el director de la Defensa de los Intereses del Estado, David Acosta, indicó: “Hemos debido lidiar con algunas dificultades, ya que Hacienda nos remite casos por evasión de impuestos, pero en la mayoría de estos, me atrevería a decir, entre el 60 o 70% de ellos, no son viables para promover la acción penal en contra de esos supuestos evasores, sean estas empresas o personas particulares”.

Acosta detalló que de 58 avisos por incumplimiento tributario, en al menos 38 la Dirección General de Impuestos Internos no había terminado la gestión administrativa de cobro que establece el artículo 251, literal A, del Código Penal, lo que ha hecho que Fiscalía tenga que archivar esos procesos y esperar que agote esa vía.

“Lamentablemente cuando nosotros le hemos estado requiriendo a Hacienda que nos informe si se ha agotado la fase administrativa como requisito de prejudicialidad para proceder a presentar el requerimiento o acusación, en la mayoría de casos se nos informado de que no, por lo que eso nos obliga a archivar diligencias y requerirles o pedirles a ellos que se concluya con la fase administrativa para poder proceder por la vía penal”, señaló.

Por estas omisiones de Hacienda, varios ciudadanos han presentado amparos ante la Sala de lo Constitucional y el máximo tribunal ha dictado medidas cautelares, lo que ha obligado a la Fiscalía a inmovilizar los expedientes.

El director de la Defensa de los Intereses del Estado citó como ejemplo el Amparo #354 de 2020, en el que la Sala ordenó que cesera “toda actividad investigativa en un caso en particular, debido a que Hacienda no había agotado el procedimiento administrativo”.

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