Tal y como el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera lo había programado, este 21 de septiembre iniciaban las inspecciones a los archivos militares por la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, pero la Fuerza Armada impidió el acceso al juez, fiscales, acusadores particulares y peritos, por una "orden superior".

El acceso al Estado Mayor Conjunto estaba programado a las 8 de la mañana, pero desde antes se encontraron colocadas barricadas frente al lugar. Desde la caseta de vigilancia o garitón, un civil estuvo tomando fotografías a los periodistas y demás personas que estaban en las afueras esperando las diligencias.

El Coronel Carlos Vanegas fue el encargado de informarle al juez Jorge Guzmán que no le permitirían la revisión de los archivos militares. El juez preguntó a Vanegas que si estaba dispuesto a firmar una constancia en donde quedara por escrito que la Fuerza Armada no permitió el acceso, este respondió que no. 

De igual forma, Guzmán y todos los involucrados levantaron horas después un acta sobre el bloqueo a la diligencia judicial.

El exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, y parte de la querella del caso, afirmó que ante la resistencia de no dejarlos entrar, "el oficial de turno, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y el presidente de la República, Nayib Bukele, podrían ser procesados por actos arbitrarios y desobediencia a una orden judicial", ya que la orden solo pudo ser ordenada por esos funcionarios.

"Esta es una posición de protección a criminales de guerra que perpetraron la masacre de El Mozote y sitios aledaños, y muchas masacres más. Es una violación a los derechos humanos y un desprecio por las víctimas", agregó.

"Hay un doble discurso" del gobierno de Nayib Bukele

El 1 de noviembre de 2019, en respuesta al proceso de El Mozote, el presidente Bukele aseguró que abrirían los archivos "de la A a la Z". "Tené la total certeza de que sin necesidad de orden judicial, nosotros hemos estado por reivindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado...", declaró en conferencia de prensa.

Sin embargo, en las audiencias siguientes, la Presidencia trató de impedir o persuadir al juez para que este procedimiento no se llevara a cabo. De hecho, el pasado 10 de septiembre, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, envió un escrito al pleno de la Corte Suprema de Justicia para solicitarle a los magistrados que frenaran la inspección de los archivos, algo que fue denegado, según reveló Revista Factum.

Tras estas palabras y acciones, este lunes el presidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote, Óscar Tobar, expresó que se sienten molestos porque hay "un doble discurso" o "fachada" con las víctimas.

"Para nosotros es indignante esta doble fachada por lo que están haciendo con las víctimas directas de El Mozote. Nos sentimos molestos", manifestó.

Tobar culminó haciendo un llamado al juez para que encuentre la manera de cómo hacer la inspección, porque "si la Fuerza Armada está con tanta negativa es que algo están escondiendo".

El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.

Esta no es la primera vez que un gobierno impide diligencias en información militar, pues el bloqueo se mantuvo también en los 10 años del gobierno del FMLN.

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.