En medio de la polémica del gobierno de Nayib Bukele por la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional, sobre la obligatoriedad de una prueba negativa COVID-19 a salvadoreños y extranjeros con residencia, el fiscal general de la República, Raúl Melara, indicó este lunes que si hay ciudadanos que se les impida la entrada al país por no traer la prueba, estos deben denunciar porque dichas autoridades serán procesadas y nos les "va a temblar la mano".

Melara recalcó que, a raíz de la resolución de la Sala de lo Constitucional, ningún salvadoreño o extranjero con residencia permanente puede ser impedido de ingresar a El Salvador.

Sin embargo, explicó que el Ministerio Público no puede actuar de oficio en este caso, ya que es la Sala de lo Constitucional la que debe notificarle si se ha incumplido la orden o los ciudadanos deben interponer la denuncia.

"Si a un salvadoreño se le impide la entrada al país, debe ser él el que ponga la denuncia y entonces nosotros actuaremos según lo que la ley mandata", informó el fiscal general esta mañana en una llamada telefónica para una entrevista de TCS.

Las erolíneas que también se sientan "coaccionadas" pueden poner una demanda para actuar conforme a la ley, según agregó Melara.

El miércoles pasado, la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar que dejó sin efecto la obligatoriedad de una prueba negativa certificada de COVID-19 para los salvadoreños o extranjeros con residencia permanente, esto en el sentido que a ninguno de ellos se le puede impedir la entrada al país por no presentarla. El viernes advirtió que si su resolución se incumple, certificará de inmediato a la Fiscalía.

Pese a esto, el gobierno central ha obligado a las aerolíneas y transporte terrestre a exigir la prueba a toda persona que desee entrar a El Salvador. De lo contrario, por ejemplo, las aerolíneas serán multadas con hasta $6 mil dólares por cada pasajero que traigan sin dicho requisito.

El fin de semana, el director de Migración y Extranjería, Ricardo Cucalón, protagonizó una polémica, puesto que en horas de la mañana del sábado informó que acatarían la orden de la Sala, por lo que para los salvadoreños y extranjeros con residencia permanente no sería obligatoria la medida. Tan solo unas horas después, realizó otra conferencia donde se disculpó y dijo que siempre sí también se les exigirá una prueba negativa COVID-19.